Este es el compromiso de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Sevilla con nuestros mayores, si por éstas fuera, dejarlos desamparados sin atenderlos. Una ley que fue pionera como la Ley de la Dependencia y que ahora el mismo PSOE es incapaz de cumplir e intenta que los ayuntamientos, que son los que disponen de menos recursos, se hagan cargo del coste de estos servicios para ellos pagar cuando puedan y/o quieran.
Gracias a estos impagos de hasta 6 meses por parte de la Junta y la diputación, el ayuntamiento tiene que decidir entre abonar las nóminas a las trabajadoras o pagar a los proveedores, al fin y al cabo, a familias que tienen que cobrar para seguir manteniendo su empresa, a veces pequeñas empresas, y para seguir viviendo dignamente.
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